Publicado el 6 de agosto de 2022
Por: Jaime Sepúlveda
El próximo 4 de septiembre se decidirá si sigue en vigencia la Constitución del 80 o si se adopta una nueva Constitución. A partir del 5 de septiembre, sin embargo, empezará la campaña. ¿Cuál campaña? Según el resultado, la campaña para introducir reformas que atenúen los aspectos más democráticos de la nueva Constitución o la campaña para hacer otro intento de dejar atrás la Constitución del 80. Para cualquiera de los dos escenarios, el ex-presidente Ricardo Lagos quiere estar al frente.
Exactamente al día siguiente de la presentación que la Convención Constitucional hizo al país de su propuesta de nueva Constitución, Ricardo Lagos también presentó al país su propio documento (https://www.ricardolagos.org/2022/07/05/declaracion-sobre-una-nueva-constitucion/). Como otras figuras públicas, no aprueba la nueva Constitución, pero en vez de decirlo de una forma abierta y militante como tantas figuras vociferantes, el expresidente lo hace de pasada, quitándole trascendencia a este pronunciamiento y reduciendo el tema del “apruebo” o “rechazo” a un asunto secundario, frente a lo realmente importante: lograr un texto constitucional consensuado, que logre “general aceptación”. Sí, él no aprueba la nueva Constitución, pero eso no es para él lo más importante.
Cuando se trata de argumentos, los partidarios del rechazo enfrentan un problema difícil: rechazar el actual proyecto es proponer de hecho que la Constitución actual, que fue descartada por cerca de un 80% de la población, siga vigente. ¿Cómo rechazar y no situarse automáticamente en una incómoda posición de obsolescencia política? Bien. La solución de Lagos para este problema es desvirtuar la trascendencia de esta elección y colocar el centro en un asunto mucho más importante: “Chile merece una Constitución que suscite consenso”.
Este llamado al consenso tiene para él una doble utilidad: por un lado, se convierte en el centro de su descalificación de la propuesta de la Convención Constitucional que se votará el próximo 4 de septiembre; por el otro indica un camino político post-plebiscito que lo deja a él, con sus capacidades demostradas de lograr consensos, en el centro del escenario. La idea de consenso tiene la ventaja de su fuerte aroma democrático, que es lo que le permite relativizar el gran logro de un proceso que alcanzó hasta el último rincón del país, de intensa participación y agudos debates, como el adelantado por la Convención Constitucional. De yapa ayuda a descalificar el resultado de este proceso.
¿Cómo opone la exigencia de consenso al proyecto presentado para desvirtuarlo? Aliñándola con algunas aseveraciones que nadie se atrevería a refutar, pero que son falsas, o dicen algo distinto de lo que parece.
Falso, por ejemplo, que “una Constitución no puede ser partisana”. La verdad es que una Constitución no sólo sí puede ser partisana —como la aún vigente—, sino que por lo general es partisana en la práctica, o sea, nace de una imposición de un sector de la sociedad sobre otro, independientemente de que el sector que impone sea mayoritario o minoritario. Otra cosa muy distinta es que una vez impuesta se haga respetar, estableciendo en la vida cotidiana —por las buenas o por las malas— un concepto de justicia y un ordenamiento institucional sobre él.
Por otro lado, cierto pero engañoso que “las constituciones necesitan de general aceptación”. Una Constitución que no es aceptada simplemente no logrará establecer un orden institucional. Pero se puede “aceptar” una Constitución impuesta, tal como uno acepta entregar la billetera en un cogoteo. Aunque parece proponer una herramienta democrática (la “general aceptación”), lo que realmente quiere decir esta afirmación es que para funcionar como tal una Constitución debe hacerse aceptar, por métodos que pueden ir desde la democracia a la autocracia, con diferentes combinaciones. El asunto de fondo no es que un nuevo orden constitucional tenga su origen en la voluntad de un sector social específico: lo decisivo en una Constitución es que logre ser aceptada y esto puede lograrse por métodos autoritarios o democráticos.
Pero en realidad lo que le da sentido a las afirmaciones citadas es “Chile merece una Constitución que suscite consenso”. Las afirmaciones anteriores están ahí para ambientar la idea de “consenso”.
¿Por qué opone Lagos una exigencia de consenso al resultado del trabajo de la Convención Constitucional? Podría pensarse que por un profundo interés democrático: para la democracia, qué mejor sería que una decisión consensuada, que un acuerdo que reciba la aceptación de todos y cada uno. El consenso se percibe como superior al mecanismo de la mayoría. Pero ¿es posible un texto constitucional nuevo que suscite el consenso de quienes no quieren un nuevo texto constitucional? Claramente no. El proceso de elaboración de una nueva Constitución en Chile no comenzó con un consenso, sino con el 20% de los votantes manifestándose claramente en contra. Además ¿es posible un texto consensuado entre los que sí quieren una nueva Constitución? Entre los partidarios de una nueva Constitución están los que se dan cuenta de que la actual ya quedó obsoleta y quisieran cambiarla por una parecida, y quienes quieren cambios profundos. Lograr un texto que expresara estas dos visiones opuestas pertenecería a un mundo imaginario y el experimentado político no fantasea en realidad con ese consentimiento de todos ellos.
Entonces ¿cuál es el consenso que Lagos opone a la nueva Constitución? ¿Quiénes deben ser incorporados a este consenso que él propone? Ningún proyecto de nueva Constitución va a recibir el consentimiento de todos los ciudadanos. Cuando Lagos exige “general aceptación” está hablando de la aceptación… ¿de quiénes?
Aunque no es posible saber con precisión qué nombres concretos tiene en mente el ilustre ex-presidente —lo que dejaremos a la intuición del lector—, lo que sí es claro es que no es en el fortalecimiento de la democracia en lo que está pensando cuando propone buscar nuevos consensos. Después del 4 de septiembre, “el desafío político es continuar con el debate constitucional”, pero no para profundizar la participación ciudadana en el marco institucional de la nueva Constitución (en caso de ganar el apruebo), sino para “corregir el diseño del Estado Regional, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria”, “revisar a fondo el rol del Presidente de la República y del llamado bicameralismo asimétrico”, “eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial”, entre otras. O sea, para restaurar ese centralismo que facilita el férreo control que una pequeña élite ha tenido sobre el aparato de Estado en toda nuestra historia, eliminando el amenazante ruido de una voz ciudadana dentro de la toma de decisiones políticas. Si gana el rechazo, en cambio, por consenso se podría instalar sobre la vieja Constitución un listado de “derechos sociales”, estableciendo mecanismos de paridad de género y reconocimientos a los pueblos originarios. Pero de ninguna manera tocar esa exclusión de la plebe en el manejo del Estado que la Constitución vigente se esmeró en fortalecer.
No es que la nueva Constitución vaya a dejar por fuera automáticamente a la casta política que ha manejado el país en los últimos 30 años, pero sí abre algunas ventanas por donde podría colarse directamente la voluntad ciudadana, lo que podría socavar este férreo control. Tal como el 15 de noviembre de 2019 la casta política logró un consenso para impedir el derrumbe del gobierno, también sería posible hoy un nuevo consenso para impedir el agrietamiento del Estado autoritario, lo que podría desencadenarse con la nueva Constitución. Este nuevo consenso es exactamente lo que propone Lagos a partir del 5 de septiembre, ofreciendo aquellos servicios de intermediación en los que es experto.
Aquí termina este comentario, pero queda flotando una pregunta: ¿Cómo se puede lograr con una idea de tanta frescura democrática como el consenso llegar a una propuesta tan cavernaria?